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| En Valladolid durante el gobierno de Ivonne Ortega se concecionarion placas a ricos. (foto ;archivo) |
Mérida, Yucatán, 29 de
enero de 2019.- El Gobierno del Estado revocó 593 concesiones de taxis y de 6
rutas de transporte urbano que no cumplían con la Ley estatal en la materia y
que no prestaban el servicio autorizado a la población, por lo que la suspensión
no representa ninguna afectación para los usuarios.
La titular de la
Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra y el director de la
Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey), Aref Karam Espósitos, informaron
que las 593 concesiones de taxis cesadas fueron otorgadas durante la
administración pasada, mientras que de las 6 rutas de transporte 4 son de vans
y 2 de autobuses.
Acompañado del Consejero
Jurídico, Mauricio Tappan Silveira, el director de la Comey señaló que esta
decisión está sustentada en el artículo 44 fracción II de la Ley de Transporte
del Estado y también hace valer los derechos de los ciudadanos en materia de
movilidad estipulados en los artículos 74 y 77 de dicha normatividad.
Desde el Salón de la
Historia de Palacio de Gobierno, Karam Espósitos reiteró en que esta medida no
afectará a los usuarios del transporte público, ya que la aplicación de dichas
disposiciones legales busca hacer valer el Estado de Derecho para ofrecer a los
ciudadanos un servicio seguro, regular, general y eficaz.
El titular de la Comey
señaló que, además, todas las concesiones de taxis involucradas incumplen con
lo dispuesto en el artículo 35 fracción VIII de la Ley de Transporte del
Estado, así como con las Condiciones Generales de Operación
Esto significa que los
concesionarios de taxis no se presentaron dentro del término de 10 días hábiles
para realizar la inspección de sus vehículos ante la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), a fin de acreditar que cumplían con los requisitos para la
prestación del servicio, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de
Transporte del Estado, explicó el funcionario.
Tampoco gestionaron ni
obtuvieron las placas de circulación específicas del servicio público de
transporte de pasajeros en un plazo máximo de 30 días. Aunado a lo anterior, se
encontraron otras irregularidades, como la falta al artículo 54, ya que no
gestionaron ni obtuvieron el certificado de capacidad, dimensiones y medidas
que establece dicho estatuto, abundó.
Respecto a la revocación
de las 6 rutas de transporte urbano, Karam Espósito dio a conocer que, durante
la revisión y actualización del registro de vehículos de transporte, así como
del padrón de concesiones, permisos, constancia y certificados se encontró que
las involucradas tampoco ofrecían el servicio que se les autorizó.
En ese marco, el
funcionario remarcó que los permisionarios involucrados no prestan el servicio
de transporte público de pasajeros bajo las premisas de generalidad,
regularidad, seguridad y eficiencia, tal y como lo señala el artículo 3 de la
Ley de Transporte estatal, lo cual no salvaguarda el derecho que poseen los
usuarios y que se establecen en los artículos 74 y 77 de la misma Ley.
Además, las empresas
transportistas involucradas tampoco cumplieron con la obligación establecida en
el artículo 35 fracción XI, que los ordena informar al Gobierno estatal el fin
de sus operaciones en las rutas o zonas otorgadas, aseveró.
El Gobierno del Estado
verificará que todos los concesionarios de transporte público cumplan con sus
funciones. En el marco de la Ley mantendrá una permanente vigilancia para
evitar que se repitan los supuestos que dieron pie a estas revocaciones,
concluyó.
A su vez, Fritz Sierra
recordó que la administración estatal, encabezada por el Gobernador Mauricio
Vila Dosal, cree con firmeza que el fortalecimiento del Estado de Derecho y la
aplicación de la ley con el fin de generar condiciones indispensables para la
atracción de inversiones, desarrollo económico y para la creación de nuevos
empleos y empleos, también, mejor pagados.
Estamos convencidos que la
certeza jurídica genera confianza. Reiteramos con acciones el firme compromiso
del señor Gobernador de hacer cumplir la ley y de proteger a todos los yucatecos,
acotó.
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